La Corte, a punto de fallar a favor de jubilados en un juicio

17 de diciembre 2018

La Corte Suprema de Justicia seguramente fallará este martes a favor de la fórmula de actualización de haberes más beneficiosa para los jubilados en lugar de la que el Gobierno nacional pretende que se aplique.

El pronunciamiento del máximo tribunal en un tema de alta sensibilidad social y política será sobre el caso del jubilado Lucio Orlando Blanco y coincidirá con una concentración convocada para la mañana de ese día frente al Palacio de los Tribunales porteño bajo la consigna #ConLosJubiladosNo.

 

Sucederá, además, en su último acuerdo del año y según la agenda pública de los cuatro temas sobre los que la Corte se habrá definido desde mediados de noviembre, en medio de un clima de recelos y fuertes críticas entre sus cinco ministros desde que Carlos Rosenkrantz pasó a ser su presidente el 1° de octubre.

Por lo menos 3 a 2, será el resultado del fallo a favor del jubilado Blanco, a partir del voto en ese sentido de los que constituyen «la mayoría peronista», como descalificativamente llaman desde el Gobierno ante cada fallo adverso al ex presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti; Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Aunque esa diferencia podría ampliarse, según pudo conocer Los Andes de fuentes del cuarto piso de Tribunales, donde tienen sus despachos los ministros: por un lado, se ignora cuál será la posición de Elena Highton de Nolasco; y por otro, si bien es conocida la postura de Rosenkrantz cercana al Ejecutivo, tampoco se descarta que pueda dar una sorpresa, como lo hizo el martes pasado cuando en el último minuto sumó su voto al rechazo unánime a tratar la constitucionalidad de la ley de lemas en Santa Cruz.

«El espíritu del fallo puede leerse mejor por los dichos peyorativos en off que hacen algunos funcionarios del Gobierno sobre una supuesta mayoría», dijo ante consulta de este diario una fuente.

Pesa a favor pesa el hecho de que el caso Blanco llegó a la Corte con fallos favorables en primera y segunda instancias (la Cámara de la Seguridad Social lo hizo este año), desde que en 2012 inició la causa para que se le aplicara una fórmula de ajuste que la propia Corte, aunque con otra composición, había establecido para mejorar los haberes.

Para eso tomó como base el Isbic (Indice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción), pero la Anses pretende que se utilice el Riple (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales) fijado tras la llamada «ley de reparación histórica» de hace un año: el perjuicio para el jubilado es de un 60 por ciento menos ingresos.

Pero el fallo seguramente incluirá un pronunciamiento para que el Congreso sancione una ley que llene el vacío legal existente, del mismo modo que lo hizo cuando su primer pronunciamiento sobre la aplicación del beneficio del «2×1» para acusados de delitos de lesa humanidad. Ese vacío está dado porque cuando apela, la Anses recurre a resoluciones y disposiciones dictadas luego del reclamo de Blanco. También dice que el Isbic nunca estuvo regulado, a diferencia del Ripte.

De allí que, según la fuente, en el fallo sobre Blanco «puede haber un contenido tendiente a bajar la enorme litigiosidad; son estos vacíos legales los que aprovecha la Anses, principal proveedor de expedientes en toda la justicia, con apelaciones en bloque. Es una máquina de apelar».

Un fallo favorable a Blanco tendrá efecto directo sobre entre 150 mil y 200 mil casos similares que están en la justicia. De esos, entre 7 mil y 9 mil expedientes están en la Corte, según fuentes judiciales. De allí que por tratarse de «casos análogos» irán directamente a acuerdo de los ministros para su firma, seguramente después de la feria de verano.

Pero en cualquier caso el impacto de un fallo favorable será político antes que económico para el Gobierno: el pago tendrá que afrontarlo el próximo gobierno. Al menos para sectores de la administración Cambiemos, que pretenderían un alineamiento de la Corte con sus políticas como en los mejores tiempos de la originaria «mayoría automática» durante el menemismo.

 

Tribunal de perfil parlamentarista

«La Corte dejó de ser presidencialista para ser parlamentarista». Así sintetiza ante este diario una fuente judicial sobre lo que sucede en el máximo tribunal desde la llegada de Carlos Rosenkrantz el 1° de octubre pasado para cortar los casi doce años de presidente de Ricardo Lorenzetti.

La salida de Lorenzetti «se entendió como el final de una etapa, de una manera de gobernar: la del presidencialismo en la Corte, que supo incluir una mayoría automática», agrega la fuente, próxima al trípode que integran Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Según esa fuente, ahora «con la salida de Lorenzetti, el funcionamiento se horizontalizó.  La Corte empezó a funcionar como un cuerpo colegiado y cada uno se dio cuenta de que es dueño de un quinto».

 

La fuente prefiere hablar de «minoría automática» en temas sensibles al Gobierno (Rosenktantz y Elena Higthon) antes que de «mayoría automática peronista».

A la vez que destaca el hecho sin precedentes de los últimos 30 días: que la Corte se haya pronunciado sobre una agenda pública de temas sensibles, como lo hizo con Ganancias para los jueces, el «2×1» y la ley de lemas en Santa Cruz y lo hará el martes sobre el reajuste de jubilaciones.

El clima en el cuarto piso de Tribunales es tenso. Por primera vez los fallos dejaron de circularse por las vocalías, de modo que cada miembro podía conocer de antemano el voto de sus pares. «Ahora van con el pentdrive en la mano dos horas antes del acuerdo, y ahí llevan el voto», dice la fuente.

 

También el malestar se expresa en que a la vocalía de Rosenktantz dieron en llamarla «La Rosadita»: durante los últimos días fueron conchabados en ella dos ex altos funcionarios del Ejecutivo. Y al mismísimo presidente de la Corte hay quienes dieron en llamarlo «el Zaffaroni amarillo», porque cumpliría el mismo papel de «hombre del Ejecutivo» en la cima del Judicial que el que cumplió aquel durante el kirchnerismo.

 

 

Los Andes

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