Veladero: el Ministerio de Ambiente presentó la denuncia contra Barrick

22 de septiembre 2016

El Ministerio de Ambiente de la Nación hizo efectiva esta mañana la presentación ante la justicia federal de San Juan contra Barrick Argentina, tras las irregularidades detectadas por la inspección conjunta de las carteras de Ambiente y Minería y Energía, a raíz del incidente ocurrido el 8 de septiembre.

Tal como anticipó ayer el ministro Sergio Bergman, en su amplio informe de lo actuado por la cartera, se formalizó esta mañana la acción judicial por el incidente en la mina de Veladero.

La acción judicial incluye el pedido de medidas complementarias de monitoreo y control antes de que se reabra la mina, que actualmente tiene suspendidas las actividades por requerimiento de la provincia.

Tal como adelantó ayer en una conferencia de prensa el ministro de Ambiente, rabino Sergio Bergman, la acción judicial, que fue presentada ante el Juzgado Federal N°2 de San Juan, se realizó en función de incumplimientos e inconsistencias ante el incidente referido.

La denuncia se realizó en el marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, cuya competencia corresponde al Ministerio de Ambiente, y no con motivo de la actividad minera, cuyo control es potestad de la provincia de San Juan. El segundo fundamento de la acción judicial tiene que ver con el protocolo y el procedimiento ante el hecho y por su demora en la notificación formal por parte de la empresa. Asimismo, se solicita a las autoridades judiciales la toma de medidas de prevención, en términos de monitoreo y control, para que no se reactive la actividad productiva hasta que no estén tomados todos los recaudos.

Con respecto a los pasos necesarios previos a retomar la actividad, se ha solicitado la implementación de un sistema de monitoreo continuo de la calidad de aguas fuera del emprendimiento; y de un sistema de monitoreo vía cámaras, con filmación nocturna y detección de movimiento en todo el valle de lixiviación. Por último, se ha requerido que se implemente una auditoría ambiental y de proceso (con una periodicidad posible de dos meses), y que sus resultados sean informados a la autoridad ambiental de aplicación competente.

 

 

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