A fumarse el mal servicio: no se cobró ni una sola multa a las telefónicas

25 de abril 2016

Hay una pila de denuncias en Defensa al Consumidor realizada por los usuarios de telefonía móvil y fija, pero hasta el momento no se ha podido cobrar ninguna de las multas impuestas. Las compañías no reconocen a Defensa del Consumidor como autoridad de aplicación.

Todos los días llega una denuncia a la Dirección de Defensa del Consumidor reclamando por el mal servicio que brindan tanto las empresas de telefonía móvil como las de líneas fijas. Si bien el área de gobierno les aplica multas en forma constante (se fijan en función de las faltas), las empresas no cumplen con los pagos y por ende, deben pasar a Fiscalía de Estado para que ejecute las multas. Ante el requerimiento del organismo, las compañías recurren a la Justicia Federal y apelan las sanciones. Hasta el momento, no se ha cobrado ninguna de las multas impuestas. Fallas en las líneas, diferencias de facturación y cortes de Internet son las principales causas que motivan a los usuarios a realizar los reclamos.

Por falta de un sistema estadístico, tanto en Defensa del Consumidor como en la Fiscalía de Estado dijeron desconocer la cantidad de multas aplicadas y la cantidad de dinero que implican dichas sanciones. ¿Por qué las multas pasan a Fiscalía? Porque las compañías no reconocen a Defensa del Consumidor como autoridad de aplicación. Para tratar de buscarle una solución a esta problemática, en el Consejo de Defensa del Consumidor, que se organiza con todas las direcciones del país, se envió una notificación al Ministerio de Planificación Federal. El objetivo es que el área de gobierno nacional informe a las compañías sobre las facultades que tienen los organismos provinciales.

“Desde que asumimos son una constante los reclamos contra estas empresas”, explicó Álvarez. Al no cumplir con el pago de las sanciones impuestas, la penalización pasa a Fiscalía de Estado. Según consignó el Fiscal, Guillermo De Sanctis, generalmente las empresas de telefonía apelan las multas y no pueden ser cobradas hasta que la sentencia de la Justicia Federal no quede firme. Desde la Fiscalía también informaron que desde hace dos años hasta la actualidad, todas las sanciones se encuentran en el medio de batallas legales ya que se presentan constantemente apelaciones. Las sanciones se determinan en base a la falta cometida, pero suelen tener un piso de $5.000 y pueden llegar hasta los $50.000. Si la empresa multada es reincidente, más elevados son los castigos.

Incluso en San Juan, Álvarez habilitó un ámbito de mediación para que el consumidor con la empresa se pongan de acuerdo, evitando la instancia judicial. Personal especialmente capacitado para trabajar ante este tipo de conflictos trata de resolver acordando con las partes en 72 horas. El objetivo es evitar los litigios, que generalmente no suelen arribar a buen puerto.

 

 

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