Pulseras para presos: no se compraron porque las quieren más tecnológicas

20 de abril 2016

Hace seis meses, el Estado provincial y la Justicia firmaron un convenio para licitar la compra de pulseras electrónicas que permita controlar a los presos con salidas transitorias y prisión domiciliaria. La licitación se suspendió porque prefieren las que pueden monitorearse con GPS desde el Centro de Operaciones del 911.

En la gestión anterior, el Gobierno provincial firmó un convenio de cooperación para licitar la implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y rastrillaje de los internos que gozan del beneficio de salidas transitorias o prisión domiciliaria, sistema probado en provincias como Buenos Aires, Rio Negro, Neuquén, Salta, Jujuy, Mendoza, La Rioja y San Luis. Se trataba de pulseras electrónicas que utilizan un sistema de radiofrecuencia y SIM de las tarjetas de celulares. Seis meses han pasado desde aquel anuncio oficial giojista y la licitación todavía no se concretó.

La explicación es que la tecnología de las pulseras que iban a comprarse-tras el proceso licitatorio-no se adecuaba al Centro Integral de Monitoreo y Operaciones Policiales 911 que quedó inaugurado el año pasado y desde donde se monitorearán unas 300 cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos estratégicos de la provincia; además de manejar la línea 911 que recibe llamadas de casos de emergencia.

El secretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Fariña, explicó que «se suspendió la licitación, no se han comprado. Haremos una nueva licitación para poder adecuarlas a nuestro sistema del Centro de Operaciones Policiales (COP) que será un compendio de tecnología en cuanto a seguridad. Las pulseras que pretendemos adquirir podrán ser monitoreadas con GPS desde el COP y estarán acordes a la tecnología de punta que tendrá dicho Centro».

Según el funcionario, la licitación podría estar haciéndose el mes próximo. «Estábamos esperando firmar el contrato que se firmó hace un mes, de toda la tecnología que se instalará. Con ese contrato firmado y las especificaciones tecnologías que tendremos ahí, vamos a comprar las pulseras para poder tenerlas monitoreadas», precisó. El contrato que menciona Fariña es el firmado entre el Gobierno provincial y la empresa Patagonia Green para adquirir el equipamiento necesario que permite poner en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad. A partir de ese compromiso contractual, rubricado los primeros días de marzo de este año, corre un plazo de 180 días corridos para que el Estado reciba todos los elementos comprados.

En principio, la compra será de 30-35 pulseras y la cantidad se irá ampliando en función de las necesidades y demandas judiciales. «Iremos viendo cómo funcionan, a lo mejor tengamos que cambiar algunas especificaciones o veamos que algunas son más vulnerables que otras», concluyó Gustavo Fariña.

 

 

 

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